La diputada Sonia Gutiérrez,  jefa de bancada de Winaq, denuncia maniobras legislativas para retomar el control del Congreso, criminalizar a autoridades indígenas y desestabilizar el equilibrio democrático.

“A oscuras, en secreto, en la clandestinidad”. Así es como —según Sonia Gutiérrez, diputada y jefa de bancada de Winaq— se están reuniendo los jefes de bloque que buscan rearticular el denominado “pacto de corruptos”, con el objetivo de imponer una agenda política basada en intereses y conveniencias particulares.

En esta Conversación Directa, la legisladora advierte sobre los peligros que representa la reconfiguración de fuerzas dentro del Congreso. “Toda la agenda que están armando es un juego de intereses”, asegura.

En días recientes, Gutiérrez protagonizó una intervención en el pleno legislativo que generó polémica. En esa sesión, denunció públicamente los movimientos internos que, según afirma, pretenden retomar el control del Congreso por parte de los grupos tradicionales de poder.

“El pacto de corruptos está más fuerte, totalmente”, sentencia. Y explica que las señales son evidentes: “Quieren desestabilizar el Congreso, aprovechar esa desestabilización para imponer su agenda y retomar el control político”.

“Una junta directiva de facto”

La diputada relata que previo a una de las recientes plenarias, en una reunión de jefes de bloque, se presentó un nuevo orden del día que no había sido aprobado por la Junta Directiva electa. “Hablamos de una junta directiva de facto, paralela a la legítimamente elegida”, denuncia.

 “Este grupo, que ahora se hace llamar de oposición, ya es públicamente conocido. Ellos están maniobrando por todos los medios para lograr su objetivo, lo cual me parece muy peligroso”, advierte Gutiérrez.

Recuerda que estos diputados, durante legislaturas anteriores, impusieron agendas autoritarias y regresivas. “Cuando tuvieron el control, utilizaron la aplanadora legislativa para imponer políticas en contra de la población”.

El plan: controlar la Junta y reformar leyes clave

La legisladora detalla los puntos clave de la agenda del grupo opositor: buscan llenar la vacante en la primera secretaría de la Junta Directiva, ocupada antes por la diputada Karina Paz, y posicionar dos representantes en la Comisión Permanente, que funcionará durante el periodo extraordinario a partir del 16 de mayo.

“Quieren tener mayoría en la Junta Directiva para controlar las decisiones políticas del Congreso”, afirma. También buscan nombrar un nuevo representante ante la Junta Monetaria, una instancia clave en la política fiscal del país.

Además, planean remover a los actuales presidentes de las comisiones de Finanzas Públicas y Energía y Minas. “Son dos comisiones estratégicas, especialmente en el manejo del presupuesto y los recursos del Estado”, advierte Gutiérrez. “Si logran mayoría, podrían redistribuir las comisiones, afectando la estabilidad legislativa”.

Reformas que criminalizan la protesta

Pero el aspecto más preocupante, según Gutiérrez, es la intención de reformar el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada. “Quieren modificar la tipificación del delito de terrorismo y de organización criminal”, alerta.

La legisladora vincula estas reformas con el proceso penal que enfrenta actualmente dos autoridades indígenas: Luis Pacheco y Héctor Chaclán, señalados por supuestos actos de sedición y terrorismo. “Justo ahora que estos líderes están siendo perseguidos, intentan reformar la ley para asegurar que estas denuncias prosperen”, señala.

Gutiérrez sostiene que este es solo el comienzo de una ofensiva contra líderes comunitarios. “De aprobarse estas reformas, podríamos ver a cientos de autoridades indígenas encarceladas”, afirma. “Es un precedente muy peligroso”.

“Buscan generar miedo”

Consultada sobre si estas acciones buscan amedrentar futuras manifestaciones, Gutiérrez no duda: “Es una forma clara de limitar el derecho a la protesta”. Recuerda que la denuncia contra Pacheco y Chaclán fue iniciada de oficio por el Ministerio Público, lo que revela —según dice— una alianza entre ese órgano y el grupo de oposición.

“Están usando mecanismos propios del conflicto armado: quieren infundir miedo para desmovilizar a la sociedad”, alerta. Y añade: “Pero ese objetivo no se ha logrado del todo. La sociedad guatemalteca que se movilizó durante los 106 días de resistencia fue muy amplia: estudiantes, mujeres, jóvenes, sectores populares…”.

Resalta también la reacción de las propias autoridades indígenas. “48 Cantones de Totonicapán,  autoridades de Sololá y otras comunidades han dicho con claridad: si lo hacen con uno, lo hacen con todos. Se está generando una mayor unidad”, señala.

¿Es posible depurar el Congreso?

Preguntada sobre si este es el momento propicio para una depuración del Congreso, como han sugerido algunos analistas, Gutiérrez se muestra escéptica.

“Puede ser un momento para iniciar ese debate, pero lo veo difícil. Hay una recomposición de fuerzas que impide avanzar en esa dirección”, afirma. Describe un escenario polarizado: “De un lado, los aliados de la corrupción; del otro, quienes buscamos restablecer la institucionalidad y la democracia”.

Recuerda que en 2023, cuando integró la Junta Directiva como secretaria, se aprobaron 34 leyes, incluyendo algunas relevantes como la Ley del Cáncer, la Ley de Vacunación y una reforma a las clases pasivas. “Quedan pendientes, claro, como la Ley de Aguas, pero hubo avances”, defiende.

Concluye que, ante este panorama, no hay espacio para posiciones neutras. “Aquí hay dos caminos: o se está con los que quieren imponer una agenda regresiva y autoritaria, o se está del lado de quienes defendemos una democracia aún incipiente, pero necesaria para el futuro del país”.

“Estos grupos están cegados por su ambición de poder”

Sonia Gutiérrez, diputada jefa de bancada de Winaq, advierte que el Congreso está controlado por una mayoría que busca preservar sus privilegios y allanar el camino hacia nuevas cuotas de poder en 2027. “La democracia sigue en riesgo”, afirma.

El incremento salarial aprobado por el Congreso sigue siendo uno de los temas que más indignación ha generado en la ciudadanía, pero Gutiérrez considera que hay pocas posibilidades de que se revoque. “Así como están recomponidas las fuerzas ahora, no veo muchas posibilidades de que eso se derogue. A estos grupos les están tocando el bolsillo, y eso sí les duele”, sostiene.

Según la diputada, la aprobación de la moción privilegiada presentada por Elmer Valencia, con 95 votos a favor, es una muestra de que los bloques conservadores mantienen fuerza. “Esos 89 votos dicen mucho. Están fuertes con esa agenda regresiva, y dentro de ella está mantener el incremento salarial. A pesar del repudio ciudadano, ellos se hacen los sordos. No están dispuestos a perder nada”.

“No les importa la población”

Gutiérrez niega que se trate de confianza en la inacción ciudadana; más bien lo interpreta como un desprecio deliberado hacia las demandas del pueblo. “No es que se confíen, es que no les importa la población. Están cegados por su ambición de poder y privilegios, y eso es lo que los mantiene unidos. Lo que le pase al pueblo no les importa”, sentencia.

Desde el bloque de oposición, asegura que han impulsado acciones para revertir el incremento, entre ellas una solicitud ante la Contraloría General de Cuentas. “Muchos diputados sí hemos escuchado el clamor de la población”, afirma.

No obstante, admite que el bloque progresista enfrenta una desventaja: “El otro grupo sí ofrece incentivos, como mantener el aumento salarial. También quieren controlar la Comisión de Finanzas para manejar el presupuesto a su antojo. El control del Congreso es clave para ellos, porque les devuelve una institucionalidad que ya tuvieron y que han ido perdiendo”.

Las elecciones de 2027 en el horizonte

Para Gutiérrez, el plan de los grupos conservadores no termina con el control del Congreso. “En su radar ya está la elección del nuevo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que organizará las elecciones de 2026. Les interesa tener magistrados a su servicio”, alerta. También menciona el próximo nombramiento del representante del Congreso en la Corte de Constitucionalidad y otros procesos como la elección del Procurador de los Derechos Humanos o el Contralor General de Cuentas.

“El objetivo inmediato es controlar el Congreso. A partir de ahí, crear condiciones para mantener poderes incrustados en el judicial y en el Ejecutivo. No descarto que estén preparando un juicio político contra el presidente o la vicepresidenta. No lo dicen, pero está en sus planes”, asegura.

“La democracia sigue en riesgo”

Gutiérrez insiste en que el país atraviesa un momento decisivo: “La democracia sigue en riesgo permanente. No lograron imponer el fraude electoral, pero han intentado desestabilizar al Ejecutivo desde el Congreso”. Considera que la gobernanza instaurada el 14 de enero de 2024 ha sido débil frente a los constantes embates legislativos.

Además, no descarta una eventual ofensiva institucional contra el presidente Arévalo. “Una vez tengan el control del Congreso, pueden iniciar un juicio político. Ese escenario sigue vigente y podría concretarse si se les permite. Nosotros vamos a seguir resistiendo para evitarlo”, enfatiza.

El búnker y el negocio parlamentario

La diputada señala como uno de los hechos más escandalosos el descubrimiento del “búnker” en el Congreso. “Es espantoso cómo se utiliza el poder público para cometer fechorías mientras el país exige soluciones a la pobreza, la desigualdad, el agua, o la contratación pública”, señala.

Al ser consultada sobre las formas en que se hacen los negocios dentro del Congreso, asegura no haber estado en esas reuniones, pero sí ha escuchado sobre encuentros clandestinos donde se pactan acuerdos políticos. “Antes, muchos actuaban mediante contratistas del Estado. Con este gobierno se han roto esas dinámicas, y eso les incomoda”, afirma.

Intimidación y denuncias

Gutiérrez también relata un episodio de intimidación que vivió en el pleno, cuando se desmarcó de una votación como parte de la Junta Directiva. “Llegaron varios diputados a buscarme de manera violenta. Intimidaron a mi equipo de trabajo. Me sentí amenazada y lo denuncié, incluso inicié un proceso de antejuicio y pedí medidas de seguridad, que hasta hoy no han sido otorgadas”, lamenta.

Cree que las intimidaciones continuarán, especialmente porque muchos diputados ya están en campaña electoral. “Están desesperados por mantener el poder. Ya no irán con los mismos partidos por el desgaste, pero sus intenciones son las mismas”, añade.

“Navegar sola es cuesta arriba, pero no imposible”

A pesar de ser la única diputada de su bancada, Gutiérrez ha logrado impulsar temas de relevancia nacional. “He logrado posicionar propuestas que no responden a intereses partidarios, sino del país. Ese es mi mandato”, afirma.

Entre sus logros menciona haber impulsado reformas a la Ley de Clases Pasivas junto a jubilados y pensionados, logrando el respaldo de 125 diputados, así como la reciente aprobación del Decreto 4-2025 para reconocer el estipendio a las comadronas.

“No nos hemos limitado por ser minoría. Tenemos una agenda y una convicción clara del mandato que se nos ha dado”, subraya.

“Al Ejecutivo le ha faltado contundencia”

Gutiérrez también cuestiona la tibieza del Ejecutivo frente a temas clave. “Nos ha costado que este gobierno sea más contundente. Se lo dijimos directamente al presidente: es necesario reformular estructuralmente la institucionalidad indígena. No basta con buenas intenciones si no se transforma el aparato estatal”, reclama.

“Si el presidente no actúa, este gobierno pasará desapercibido”

La diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq Maíz, insiste en que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de reformar a fondo la institucionalidad indígena, especialmente aquellas entidades que históricamente han sido utilizadas como botín político por los gobiernos de turno.

“Desde el inicio dijimos que era urgente reestructurar las instituciones vinculadas a los pueblos indígenas. Me refiero a la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación, y el Fondo de Desarrollo Indígena (Fodigua)”, enumera.

La parlamentaria asegura que participó directamente en el proceso de transformación de la Defensoría, donde se logró modificar el acuerdo gubernativo que regula su funcionamiento, tras un diálogo con organizaciones sociales. “Hoy hay una nueva institucionalidad, al menos en términos de reglamento, y eso es un avance”, afirma.

Sin embargo, el caso del Fodigua sigue siendo preocupante. “Sabemos que históricamente ha sido un botín político. Son 40 millones de quetzales anuales que se han utilizado para proyectos clientelares, sin enfoque de desarrollo real. Ese acuerdo sigue vigente, y es responsabilidad del presidente reestructurarlo”, reclama.

Hace unos días, Gutiérrez dirigió una carta abierta al mandatario Bernardo Arévalo para recordarle esa deuda pendiente. “Si no lo hace durante su mandato, tristemente será recordado como un gobierno que fue defendido por los pueblos, pero que desperdició la oportunidad de hacer cambios urgentes y necesarios”, advierte.

Una bancada oficial con dificultades

En cuanto al trabajo legislativo, Gutiérrez también observa debilidades en la bancada oficial. “Han tenido muchas dificultades. Primero, porque solo son 23 diputados, lo que los convierte en la tercera o cuarta fuerza política del Congreso. Y segundo, porque no están legalmente reconocidos como bancada. Eso limita mucho su capacidad de acción”, explica.

Además, señala que ha faltado mayor contundencia en sus posicionamientos políticos y en su estrategia interna. “En varios momentos ha habido una desconexión entre el Ejecutivo y la bancada. No están bien coordinados, y eso los hace ver débiles”, afirma.

Recientemente, la bancada Semilla pasó por un proceso de reconfiguración, en el que el diputado José Carlos Anabria asumió un rol de mayor liderazgo. “Entiendo que es una figura cercana al presidente, y ojalá eso ayude a mejorar la articulación. Desde adentro, le puedo decir que ha costado mucho mantener cohesionada esta alianza”, sostiene.

Tres alertas clave para la ciudadanía

Para cerrar la conversación, la diputada lanza una advertencia clara: la población debe mantenerse vigilante frente a lo que ocurre en el Congreso. “Pareciera que es ahí donde se están gestando los intentos más serios de inestabilidad democrática. Es el nuevo epicentro del conflicto político”, dice.

Gutiérrez enumera tres puntos que, a su juicio, deben centrar la atención ciudadana en los próximos meses:

1. La vigilancia permanente al Congreso. “La ciudadanía debe estar informada y atenta. Lo que pase ahí puede desestabilizar al Ejecutivo y al país entero”.
2. Las designaciones clave. “Estamos hablando de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, el Procurador de los Derechos Humanos. Son decisiones que marcarán el rumbo político del país”.
3. La ruta hacia 2027. “Todo lo que está ocurriendo ahora tiene como objetivo regresar al poder dentro de tres años. Están creando las condiciones desde ya. Por eso, el pueblo de Guatemala debe elegir de qué lado de la historia quiere estar: con la democracia, o con el autoritarismo y el regresismo. No podemos permitir que ese ciclo se repita”. 

Gutiérrez concluye: “Es importante poner atención a lo que pasa, porque el rumbo del país se está definiendo en este momento”.