La diputada Sonia Gutiérrez, jefa de la bancada Winaq, lanza una advertencia desde el hemiciclo: una alianza de fuerzas tradicionales, que incluye a diferentes partidos políticos, se ha reorganizado con el objetivo de desestabilizar, condicionar la elección de cortes y abrir camino para retomar el poder en el 2026 y 2027. “Ese bloque, del llamado “Pacto de Corruptos”, no ha desaparecido, solo se ha adaptado. Lo que estamos viendo en el Congreso es una disputa real por el control del Estado”, alerta.

 

 

Hace unos días usted hizo uso de la palabra en una de las sesiones del Congreso de la República, y su intervención generó polémica. Quiero preguntarle lo siguiente: ¿usted cree que el llamado pacto de corruptos está más fuerte?
—Sí, totalmente, Alejandra. Como usted misma lo decía hace un momento, en una de las plenarias que tuvimos hice una denuncia pública sobre cómo se está rearticulando, una vez más, el llamado pacto de corruptos. Las intenciones quedan claramente evidentes para el pueblo de Guatemala: quieren desestabilizar al Congreso de la República y, al hacerlo, buscan aprovechar para retomar el control político e imponer una agenda propia a los diputados y diputadas.

Esa fue una plenaria donde se generó un debate en torno a una propuesta que ahora está circulando, y que fue precisamente el objeto por el cual la Corte de Constitucionalidad ordenó reanudar dicha sesión.

Mi gran preocupación, que también denuncié antes de esa plenaria en una reunión de jefes de bloque, fue cómo surgió una junta directiva de facto —así la llamé— al presentarse un nuevo orden del día, aparte del que la junta directiva había propuesto en esa instancia. Eso me llamó muchísimo la atención, y por eso lo manifesté: creo que está operando una junta directiva paralela a la que legal y legítimamente fue electa.

Esa fue la razón por la cual tomé la palabra. Los grupos de poder que se están armando ya son públicamente conocidos. Está el diputado Álvaro Arzú, quien dirige esta bancada o grupo de oposición; el diputado Inés Castillo; y el diputado Allan Rodríguez, uno de los principales artífices de este nuevo bloque, como ahora se autodenominan.

¿Cree usted que este grupo de diputados va a lograr su objetivo?

—Esperemos que no lo logren. Y digo “esperemos” porque están maniobrando de cualquier forma para alcanzar su objetivo, lo cual, a mi juicio, es un peligro. Ya vimos el actuar de estos diputados en años anteriores: acciones que han ido en contra de la población guatemalteca, autoritarismo, imposición de una agenda legislativa regresiva… prácticamente una aplanadora, como lo hicieron durante el gobierno anterior, cuando tenían el control del Congreso.

Eso vendría a afectar a la población y a contradecir lo que el pueblo de Guatemala mandató el día de las elecciones. En esa jornada electoral, la ciudadanía les dijo un no rotundo a los partidos tradicionales, plegados a la corrupción. Pero ellos no aceptan su derrota, y a 14 o 15 meses de este gobierno, saben que sus objetivos y formas de actuar ya no tienen cabida. Por eso ahora intentan darle la vuelta a todo, asaltando la junta directiva e intentando imponer una agenda propia.

Me parece muy peligroso que este grupo se esté rearmando. Y sí: están trabajando para conseguir los votos. Creo que hasta esta hora todavía no los tienen, pero faltan algunas horas más para saber si lo logran.

El otro grupo, dirigido por la bancada oficialista —de la cual también formamos parte—, ha respaldado esfuerzos para contrarrestar esa intención. Creemos poder lograr la fuerza política, aunque está difícil, porque ellos se están moviendo a su manera, a su antojo. Y lo más grave es que todos fuimos testigos de la forma violenta en que se desarrolló la última sesión plenaria: se llegó incluso a agresiones físicas entre dos diputadas. Eso es muy lamentable y esperamos que no se repita el día de mañana.

Hablemos un poco de esa agenda que usted ha observado …

—Además de querer tener el control, ya tienen una agenda muy bien trabajada. Todo está fríamente calculado, como diría alguien. ¿En qué sentido? Saben que hay una vacancia en la junta directiva —el espacio que dejó la diputada Karina Paz en la primera secretaría— y están buscando ocupar ese lugar. Pero no les basta con eso: pretenden también nombrar a dos vocales para integrar la Comisión Permanente, que se conforma al iniciar el periodo extraordinario el 16 de mayo. Esa comisión funcionará durante ese tiempo, y ellos quieren tener la mayoría de votos en la junta directiva para controlarla.

Ahí es donde se ve con claridad el plan de querer controlar todo a través de la Comisión Permanente, poniendo a la gente que ellos elijan.

Otra parte de su agenda es el nombramiento del suplente ante la Junta Monetaria. Ustedes saben que el Congreso tiene la función de nominación en varias entidades, y en el caso de la Junta Monetaria, esta tiene un representante. Ellos quieren cambiar ese representante, porque saben que la Junta Monetaria tiene una función clave en el país, particularmente en materia de política fiscal.

En tercer lugar, buscan remover las comisiones de trabajo, especialmente dos: la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que es crucial para el presupuesto del ejercicio fiscal, y la Comisión de Energía y Minas. Ellos no han tenido, durante estos años, la posibilidad de manejar los recursos y el erario público, y ahora quieren retomar ese control.

Si logran tener mayoría, es muy posible que reconfiguren las comisiones de trabajo, lo cual veo como un retroceso para la estabilidad y la labor legislativa del Congreso. Ya estamos trabajando, analizando y emitiendo dictámenes, que es una de nuestras funciones principales. Además, ya hay planes de trabajo en marcha. Como pueden ver, ellos tienen toda una agenda. Incluso incluyeron en una propuesta de orden del día la modificación de dos leyes: el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Con qué propósito? Reformular la tipificación del delito de terrorismo y la figura delictiva de la delincuencia organizada.

Da la casualidad de que plantean estos cambios en el marco de un proceso penal de persecución que existe contra dos autoridades indígenas, a quienes se les denuncia por supuestos actos de sedición, terrorismo y otros delitos, incluyendo la figura de delincuencia organizada. Estas dos autoridades indígenas estuvieron al frente de la resistencia durante los 106 días por la defensa de la democracia.

Podríamos decir que ese es el inicio de esa agenda regresiva que —como ya he mencionado— es lo peligroso que puede venir con este grupo que se está reconfigurando.

Captura de líderes indígenas

A propósito de lo que acaba de mencionar, ¿cree usted que hay diputados en el Congreso de la República —o en todo caso, lo está confirmando con estas declaraciones— que se sienten cómodos o que les gusta que el señor Luis Pacheco y el señor Héctor Chaclán sean señalados de terroristas, como lo ha hecho el Ministerio Público?
—Mire, la verdad es que, como conozco el Congreso, puedo decir que varios diputados —o la mayoría de este grupo de oposición que ahora se autodenominan así— tienen entre sus figuras a algunos de los principales exponentes del autoritarismo que vivimos en la legislatura anterior, durante el gobierno de Giammattei.

Esa gente actúa bajo la lógica de la represalia. Lo hicieron en su momento, utilizando la fuerza pública y la seguridad nacional para blindar al Congreso cuando lo dirigían. Y aunque saben que las acciones de las autoridades indígenas son legítimas, las ignoran o, en el peor de los casos, actúan con mecanismos de represión.

Sí creo que las intenciones de este grupo son tratar de robustecer, bajo una supuesta legalidad, este tipo de denuncias que hasta ahora son políticas, espurias y cargadas de criminalización. Por eso señalé la perversidad con la que están actuando. Buscan tipificar nuevamente estos delitos y reformar la ley contra la delincuencia organizada, porque quieren asegurar que estos casos realmente se traduzcan en sentencias favorables a las denuncias del Ministerio Público.

Entonces, sí, hay un grado de peligro. Si esas normativas prosperan —y son parte de la agenda regresiva que buscan—, es muy probable que veamos a cientos de líderes indígenas encarcelados. Ahora están Luis Pacheco y Héctor Chaclán, pero lo que puede venir es una serie de ataques sistemáticos y de persecución contra muchos más líderes indígenas. Si esto queda instituido, marcaría un muy mal precedente.

¿Cree usted que estas acciones también buscan amedrentar ante futuras manifestaciones?

—Sí, es una forma de querer limitar el derecho a la manifestación. Totalmente. Lo hacen porque saben que, lamentablemente, cuentan con un Ministerio Público alineado a sus intereses. Esta denuncia fue formulada precisamente desde el MP, que actuó de oficio para iniciar esta persecución penal.

Y esto podría ser solo el comienzo de una serie de denuncias que vendrán, porque ya se escucha que hay muchas más en camino contra personas que participaron en los 106 días de resistencia.

Recordemos que, si bien Luis Pacheco —autoridad de los 48 Cantones— y Héctor Chaclán actuaron en su momento como voceros visibles, ellos no actuaban en nombre propio. Desde el mandato que tienen las autoridades indígenas, son electos en asamblea comunitaria, es decir, actúan con un mandato colectivo, en representación de sus pueblos.

Por eso es tan complejo analizar a profundidad la figura de la autoridad indígena: no se trata de individuos que deciden por cuenta propia, sino de representantes legítimos de una comunidad. Y al denunciarlos penalmente como individuos, lo que en realidad se está haciendo es criminalizar una figura colectiva, comunitaria.

Repito: esto puede ser el inicio de una persecución más amplia. Y el mensaje de fondo con estas denuncias es claro: quieren generar temor, miedo en la población guatemalteca. En otras palabras, hoy van por ellos… y mañana por quienes se movilicen o se manifiesten.

Es un mecanismo que, lamentablemente, se utilizó durante la Guerra Fría y el Conflicto Armado Interno: sembrar miedo en la población para neutralizarla. Ese es el nivel de peligrosidad de avanzar con agendas regresivas como las que he señalado. Y eso también es lo que preocupa profundamente a las autoridades indígenas: esta ofensiva vendría a socavar sus derechos colectivos.

¿Se está logrando ese objetivo, es decir, generar miedo entre la población y las organizaciones indígenas?

—Creo que ese objetivo no se está logrando en su totalidad. Afortunadamente, la sociedad guatemalteca que se movilizó durante los 106 días no estuvo compuesta solo por una o dos autoridades indígenas. Es cierto que muchas de ellas jugaron un papel central, pero hubo una diversidad de sectores presentes: académicos, estudiantes, mujeres, jóvenes, organizaciones populares…

Fue una movilización plural, y por eso ahora quieren usar el miedo como estrategia: van tras quienes estuvieron al frente, pero después podrían ir contra todos los que se sumaron.

Afortunadamente, también hemos visto una reacción firme por parte de las propias autoridades indígenas. Han habido declaraciones públicas, sesiones permanentes, tanto de los 48 Cantones como de la Alcaldía Indígena de Sololá y otras más. Y ellos lo han dicho claramente: “Si lo están haciendo con uno, lo están haciendo con todos”.

Creo que esa ofensiva se les está revirtiendo. Lo que ha generado mayor articulación y unidad entre distintas expresiones de autoridades indígenas, y también con otros sectores de la sociedad. Esa, creo yo, es la respuesta más contundente que hemos visto hasta ahora, aunque ellos seguirán operando. Este grupo de diputados está claramente del lado de la corrupción, porque eso es lo único que buscan: privilegiar sus intereses y tratar de amedrentar a la población guatemalteca. Está claramente evidenciado.

Con todo lo que usted está describiendo, diputada, ¿cree que el escenario es propicio para una depuración del Congreso de la República, como lo han sugerido en los últimos días algunos políticos y analistas?

—Podría decirse que hay un ambiente para iniciar la posibilidad de una depuración, pero francamente lo veo muy difícil, en virtud de la recomposición de fuerzas que se está dando en este momento.

Existen dos posturas claramente diferenciadas: por un lado, quienes están del lado de la corrupción, atrincherados en una agenda de dominación y control del Congreso; por el otro, un grupo —al que pertenezco— que intenta restablecer la democracia en el país a través de una agenda legislativa distinta.

Un tema que también los ha unificado a ellos, y que ha generado bastante polémica, es su negativa a derogar el incremento salarial. Eso también los cohesiona como bloque.

El otro grupo, el oficialista o sus aliados —llamémoslos así—, se mantiene en la lógica de impulsar una agenda que ya el año pasado mostró resultados. Yo formé parte de la junta directiva en 2023, ocupando la secretaría, y en ese período se aprobaron 34 leyes. Es cierto que quedaron pendientes otras muy importantes, como la Ley de Aguas, pero sí se lograron avances: se aprobó una Ley de Competencias, una Ley de Clases Pasivas, la Ley del Cáncer, la Ley de Vacunación…

Ese es el planteamiento que defendemos. Lamentablemente, los fraccionamientos internos que se han dado en algunas bancadas han sido aprovechados por estos grupos opositores.

En mi opinión, este escenario refleja dos posiciones muy claras: el grupo que quiere mantener la corrupción y el grupo que, de alguna manera, busca restablecer la institucionalidad. Aquí no hay términos medios ni posturas neutras. Son dos caminos distintos, y el país debe decidir cuál debe prevalecer. Nosotros creemos en esta incipiente democracia y en la institucionalidad que debe rescatarse.

A día de hoy, no visualizo un proceso de depuración real, salvo que se den otras condiciones que iremos observando más adelante.

Mientras tanto, diputada, ¿cree que el tema del aumento salarial quedará en el olvido? ¿Hay posibilidades de que se dé marcha atrás?

—Tal como están ahora mismo las fuerzas reconfiguradas, no veo muchas posibilidades de que se derogue ese incremento salarial. Como dije antes, a este grupo de oposición se les está tocando el bolsillo, y eso sí les duele. Por eso están actuando de esta manera: saben que, si pierden eso, pierden mucho. Y perdieron cierto poder con los resultados electorales.

Por eso ahora están decididos a defender sus intereses a toda costa. Un ejemplo claro es que lograron 95 votos para aprobar la moción privilegiada que propuso el diputado Elmer Valencia. Esos 89 votos que la respaldaron dicen mucho: reflejan la fuerza de su agenda, que lamentablemente es regresiva.

Dentro de esa agenda, aunque no lo digan abiertamente, está la intención de mantener el aumento salarial. No van a dar marcha atrás, a pesar del repudio generalizado de la población guatemalteca. Se están haciendo los sordos ante esa exigencia ciudadana. Esa es parte del pacto que los une.

¿Cree usted que actúan así porque no ven un movimiento ciudadano más amplio en contra del incremento salarial?

—No sé si es exactamente porque se sienten confiados por la falta de movilización ciudadana. Más bien creo que no les importa. Hay un rechazo absoluto hacia la población. Están totalmente cegados por su ambición de poder y privilegios. Eso es lo que los ha unido como grupo: lo que pase con el pueblo de Guatemala no les interesa. Solo les importan sus fines e intereses perversos.

¿Qué cree usted que deberían hacer los diputados que se oponen a que continúe ese incremento salarial, incluyendo usted?

—Varios diputados que votamos en contra del incremento salarial sí tomamos acciones. Uno de ellos fue el diputado Chic, de la bancada Vos. Yo también presenté acciones ante la Contraloría General de Cuentas, solicitando la derogatoria. Y otros diputados han hecho lo mismo.

Creo que hay una parte del Congreso que sí ha escuchado el repudio y el clamor de la población frente a este incremento. Ese fue un punto de quiebre. Ellos vieron que había una posibilidad real de que la derogatoria prosperara, y por eso están utilizando ahora todas estas maniobras para imponerse y retomar el control, porque saben que eso les puede afectar directamente.

¿Qué tenemos que hacer desde este otro lado? Lo que ya estamos haciendo: cohesionar esta alianza con base en temas de interés de la sociedad guatemalteca. Esa es la base que nos está uniendo. Claro, está siendo difícil, porque en este otro grupo no hay los mismos incentivos que sí ofrece el grupo opositor, y eso representa una desventaja para nosotros.

¿Cuáles son esos incentivos para controlar la Junta Directiva del Congreso?

—Hay varios intereses. Por un lado, quieren mantener el incremento salarial. Del lado donde estamos nosotros, no hay apoyo para que eso se mantenga. Ahí tienen un incentivo claro: no quieren bajarse ese incremento.

También quieren la Comisión de Finanzas porque desean manejar a su antojo la distribución del presupuesto, algo que hasta ahora no han podido hacer. Ese es otro de sus intereses. Y, por supuesto, quieren tener el control del Congreso. La Junta Directiva significa, para ellos, que pueden operar con libertad todo lo relacionado con la institucionalidad del Congreso. Es una institucionalidad que un día fue suya y que, de cierta manera, han perdido.

Todo eso es lo que los mueve y les interesa. Del otro lado, creo que hemos tratado —y digo “tratado” porque estoy en Junta Directiva y hablo por lo que hicimos el año pasado— de hacer las cosas de manera distinta, de mejorar la institucionalidad del Congreso, algo que a ellos no les importa en lo más mínimo. No defienden la institucionalidad; solo sus intereses y conveniencias.

¿Cree usted que también están preparando el escenario para lo que pueda suceder en 2026?

—Totalmente. En lo inmediato, buscan controlar la Junta Directiva y empezar a manejar una agenda regresiva. Pero sí, por supuesto que en su radar ya tienen los siguientes procesos que se avecinan y que impactan en el futuro político y jurídico del país.

El próximo año se elige a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tendrán a su cargo el siguiente proceso electoral. Ellos lo saben, y les interesa tener magistrados que estén a su servicio y hagan las cosas como a ellos les gusta. Como estos magistrados no se prestaron a sus juegos, hay un ataque constante contra el TSE, una institucionalidad hoy severamente dañada.

Además, el Congreso va a nombrar a su representante ante la Corte de Constitucionalidad. Vendrán también otros nombramientos importantes en 2026, como el Procurador de los Derechos Humanos y el Contralor General de Cuentas. Tener el control del Congreso ahora les permitirá incrustar su poder en otras instancias del Estado, tanto en el Organismo Judicial como en el Ejecutivo. Sin duda, están proyectando ya las elecciones de 2027.

¿Con todo esto, diputada, sigue en riesgo la democracia?

—Sí. La democracia sigue en riesgo permanente. Lo hemos visto todos los días, en las batallas que al menos a nosotros nos ha tocado dar en el Congreso de la República.

No lograron su objetivo de provocar un fraude en las últimas elecciones, porque se impuso la sociedad y las expresiones organizadas en defensa de la democracia. Se instauró, de cierta manera, la gobernanza el 14 de enero del año pasado. Pero desde entonces, ha sido constante la búsqueda de desestabilizar al gobierno.

Este Ejecutivo ha tenido muchas dificultades para mantener alianzas en el Congreso. Ha habido un equilibrio precario y hoy estamos llegando a un punto de inflexión. Lo otro que no mencioné, pero seguramente está en sus planes, es que una vez tengan el control del Congreso, podrían iniciar un juicio político contra el presidente y la vicepresidenta. Y luego poner a la gente que ellos quieran. Eso tampoco está fuera del escenario.

¿Es un escenario que se mantiene vigente?

—Sí. Puede ser un escenario que en su momento se active, si las condiciones les son favorables. Lamentablemente, ahora hay factores que están jugando a su favor. Ellos no lo dicen abiertamente —he visto entrevistas donde lo niegan— pero nunca van a confesar sus intenciones perversas. Sin embargo, si se dan las condiciones, estoy segura de que lo van a intentar. Si se lo permitimos, claro. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo para no darles lugar a eso.

¿Qué es lo más escandaloso y cuestionable que ha observado usted en este año y medio, diputada?

—Lo más escandaloso ha sido la forma tan oscura y desvergonzada en la que estos grupos de poder actúan. Ahora los hemos visto delatarse abiertamente. No les importa la población guatemalteca.

Un caso que me espantó fue cuando se descubrió ese búnker en el Congreso, promovido por los mismos presidentes de entonces. El diputado Allan Rodríguez fue dos veces presidente del Congreso, al igual que la diputada Shirley Rivera. Es espantoso y escabroso ver cómo utilizan el poder público para hacer sus fechorías, cuando deberían estar preocupados por resolver la pobreza, la desigualdad, por legislar en temas tan necesarios como el agua o las leyes de contratación del Estado. Son temas urgentes que la población exige, pero ellos están en otra cosa.

¿Ha cambiado la forma de hacer negocios en el Congreso de la República, diputada?

Bueno, yo nunca supe de qué manera hacían esos negocios porque nunca participé, pero cuando usted dice que se reúnen en la clandestinidad, en secreto, que llegan a acuerdos de esa manera… ¿Lo hacen así con varios temas o solo lo observó en este momento con lo que iba a pasar con la Junta Directiva?

Bueno, las formas en cómo lo han hecho, pues sí hemos visto, hemos escuchado que se han reunido. Cuando decía “yo nunca vi”, es porque nunca participé en esas reuniones en las que esta gente hacía sus acuerdos políticos. Lo que sí voy a decir es que ahora, en esta legislatura y con este gobierno, efectivamente se llegan a acuerdos. Acuerdos en términos de qué temas de interés tienen las bancadas o los diputados. Pero también intereses que vayan en beneficio de la población. Por ejemplo, el tema presupuestario: ese fue un acuerdo que se habló, pero en cuanto a distribución —de dónde es que se necesitan las obras, los proyectos— ahí participaron muchos diputados distritales.

Ahora bien, la maniobra es que, en la historia de nuestro país, hay suficiente y abundante información sobre cómo muchos de estos actores políticos han operado a través de contratistas del Estado. Algo que siempre hemos escuchado con el actual gobierno es: “Nosotros no vamos a permitir que nos impongan contratistas ni negocios oscuros”. Entonces, esa dinámica y esa forma en cómo ahora se están llevando los acuerdos creo que no ha sido muy cómoda ni bien recibida por muchos diputados. Porque, repito, seguramente eran otras maneras las que ellos tenían, y eso les perjudica hoy.

Con todo lo que usted ha denunciado públicamente en el Congreso de la República, diputada, ¿se ha sentido amenazada o incluso discriminada en algún momento durante esta legislatura?

Sí, violentada. Lo denuncié en algún momento cuando estábamos en una plenaria en el Congreso. Yo, como parte de la Junta Directiva, me desmarqué en una sesión y, realmente, me asombré y me asusté por la forma en que el diputado Allan Rodríguez, junto con un montón de diputados, llegaron a buscarme. Mi equipo de trabajo estaba presente y ellos llegaron con una actitud bastante violenta y abusiva, que incluso asustó a mi equipo. Yo sí me he sentido intimidada en ciertos momentos por el actuar de estos diputados, que quieren imponer y hacer lo que ellos quieren.

Ese día di declaraciones porque parecía que él fuera el patrón, que nos quiere dar órdenes. Y porque no obedecemos órdenes de esa naturaleza, entonces actúan de esa manera. Ese hecho lo denuncié, inicié un proceso de solicitud de antejuicio contra el diputado y también solicité medidas de seguridad. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se me han otorgado. Pero sí es muy latente ese tipo de actos y amedrentamientos, que por supuesto no hemos callado, sino que hemos denunciado, aun con la inoperancia del sistema de justicia.

¿Cree usted que estas intimidaciones van a continuar? ¿Ha observado indicios de eso en los últimos días, después de lo declarado?

Yo creo que sí, sí va a continuar ese clima de querer generar cierta intimidación, ciertas sombras, y de alguna manera, intenciones de desestabilización. Como digo, al final lo que les interesa es generar ese ambiente de desestabilización porque también quieren ganar réditos políticos.

Recordemos que ya muchos de ellos están, casi abiertamente, en campaña, queriendo ganar electores para la siguiente contienda electoral. Muchos de ellos van a buscar reelegirse. Muchos seguramente ya estarán viendo qué partidos políticos los van a postular. Ya no irán con los mismos, seguramente, por el desgaste que han tenido. Pero sus intenciones de mantenerse en el poder es lo que los hace continuar con este tipo de actos, que ya los hemos visto.

Diputada, si bien es cierto que ha hecho alianzas con diferentes bancadas y diputados en el Congreso de la República que manejan temas o líneas afines, ¿qué tan difícil es navegar sola políticamente como representante de un partido en este Congreso?

Es cuesta arriba cuando se es minoría y, en este caso particular, cuando soy la única diputada de mi bancada. Sabemos que todo lo que se discute en un Congreso —o en cualquier Parlamento del mundo— obedece a fuerzas políticas y a votos.

Sin embargo, en mi caso, he logrado posicionar temas que responden al interés no solo de mi partido, sino del país. Eso es cuando tenemos claridad política sobre por qué llegamos a ocupar un espacio, una curul. Cuando entendemos que la población está confiando en un ejercicio político distinto y que ese ejercicio se tiene que desmarcar de la política tradicional.

Esos son los factores que me han movido, incluso en la soledad y en la adversidad. Pero no nos hemos limitado a poner sobre la mesa temas de agenda nacional. Por eso me siento orgullosa de haber abanderado las reformas a la Ley de Clases Pasivas, conjuntamente con los sectores de jubilados y pensionados. Al final se logró el apoyo de 125 diputados, pero fuimos nosotros quienes lo pusimos en el debate nacional.

Recientemente también se dio el apoyo al Decreto 4-2025 sobre el estipendio a las comadronas, que fue una iniciativa que la bancada Winaq impulsó durante años. Es decir, a pesar de lo difícil que es ser tan pocos numéricamente, tenemos una agenda y una plena convicción de por qué se nos ha mandatado. Y eso es lo que hemos defendido en el Congreso.

La semana pasada usted pidió más atención para FODIGUA, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. ¿Cree que hace falta más fuerza del Ejecutivo para atender estos temas?

Sí. Nosotros lamentamos mucho que a este gobierno le ha costado también ser más contundente en algunos temas. Y aprovechando que usted menciona el Fondo de Desarrollo Indígena, efectivamente, nosotros —y me refiero a la bancada que yo dirijo— hemos sido una bancada de propuestas y de acciones, no solo de crítica o de oposición.

En materia de institucionalidad de pueblos indígenas nos ha preocupado mucho, y así se lo dijimos al gobierno, principalmente al presidente de la República cuando asumió. Le señalamos la necesidad de reformular estructuralmente la institucionalidad de pueblos indígenas. Este gobierno fue defendido por la mayoría de ellos —por los pueblos y las autoridades indígenas—, así que era necesario reestructurar las instituciones clave.

Me refiero a la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación, y el Fondo de Desarrollo Indígena. En la primera, me involucré directamente para replantear su acuerdo gubernativo, y fuimos escuchadas por las diversas organizaciones. Eso permitió que hoy haya una nueva institucionalidad, tras modificar el acuerdo. Lo mismo ocurrió con la CODISRA.

Sin embargo, con FODIGUA no. Sabíamos muy bien que este fondo ha sido un botín político de muchos partidos de gobierno anteriores, y este gobierno no ha hecho nada al respecto. Y es un acuerdo gubernativo que está en manos del presidente. Son 40 millones de quetzales que maneja FODIGUA, y muchos de los proyectos han sido clientelares.

Eso fue lo que le recordé al presidente hace unos días en la carta abierta que presenté, donde le urgí a hacer esta reestructuración. Si no lo hace durante su mandato, tristemente pasará desapercibido un gobierno que fue defendido por los pueblos, cuando tenía la oportunidad de hacer cambios y transformaciones urgentes.

Volviendo al Congreso: ¿cree que a la bancada oficial también le ha faltado fuerza? 

Primero, porque son 23 diputados, entonces son la tercera o cuarta fuerza política en el Congreso. Segundo, porque tampoco están reconocidos legalmente como bancada; no está configurada jurídicamente. Esos dos factores seguramente han incidido.

Y también, a mi parecer, les ha faltado cierta contundencia en sus posicionamientos políticos y en los mecanismos de cabildeo a lo interno del Congreso. Por otro lado, en ciertos momentos se percibe cierto divorcio entre el Ejecutivo y la bancada oficialista. Hay temas que no están bien coordinados, y eso también los hace ver con debilidades y dificultades.

¿Esa situación está cambiando dentro de la bancada oficialista?

Creo que al día de hoy se están reconfigurando internamente. En algún momento se decía que Samuel Pérez, como diputado, estaba al frente. Pero ahora hay una nueva reconfiguración en la que el diputado José Carlos Anabria es quien asume esa batuta de conducción. Entiendo que es por la confianza y cercanía que tiene con el presidente Arévalo.

Esas reconfiguraciones, ojalá sean para mejorar esa relación, porque adentro yo le puedo decir que sí ha costado mucho mantener esa alianza de manera cohesionada. Y eso también ha debilitado esta alianza. Pero con esos cambios que ellos están haciendo ahora, esperemos que sea para bien y que se superen las debilidades y dificultades que han tenido.

Para ir concluyendo, diputada, como solemos decir en este espacio: déjenos encendida la luz. ¿Cuáles serían tres puntos clave que usted dejaría sobre la mesa, para que la ciudadanía esté atenta en este camino legislativo?

Primero, que la población guatemalteca esté muy al tanto e informada de lo que está ocurriendo en el Congreso, porque pareciera que es el Congreso el que, en este momento, es el punto de resonancia para cualquier intento de generar inestabilidad gubernamental. Si ese otro grupo logra tener el control, estaríamos generando inestabilidad democrática.

Segundo, los temas que se vienen y que son torales para el país: designaciones de magistrados y de la Corte de Constitucionalidad. Son determinantes para el futuro político del país.

Y por último, todo esto que estamos hablando es de cara a las próximas elecciones generales. El plan que ellos están confabulando es generar condiciones para pretender volver al poder dentro de tres años, que son las elecciones. Por eso el pueblo de Guatemala debe estar muy pendiente, al tanto y, por supuesto, pronunciándose también: ¿de qué lado de la historia queremos estar? ¿Del lado de la democracia o del autoritarismo y el regresismo? Eso, por supuesto, es lo que no debemos permitir.