Jordi Cañas, jefe de la misión de seguimiento electoral de la Unión Europea, advierte que el futuro democrático de Guatemala depende de cómo se renueven las altas cortes y los órganos electorales. Señala que el “pacto de corruptos” sigue activo, denuncia el uso político de la justicia y reclama que se cumplan las 26 recomendaciones para evitar un retroceso institucional.

¿De quién o quiénes es la responsabilidad de que no se haya dado seguimiento ni cumplimiento a las 26 recomendaciones de la Misión de Observación Electoral tras el proceso de 2023?

La virtud del informe que presentamos el viernes —y que publicaremos en su totalidad en aproximadamente dos semanas— es que señala con claridad qué se había recomendado, qué se ha implementado y qué no, y quién es responsable de hacerlo. En ese sentido, los principales responsables de implementar las recomendaciones son quienes tienen la capacidad de tomar la iniciativa política para impulsar una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Es decir, principalmente el Congreso, y luego el Tribunal Supremo Electoral, que puede hacer modificaciones técnicas en los reglamentos sin necesidad de mayorías políticas. Esos son, entre comillas, los dos principales responsables de no haber cumplido con las recomendaciones del informe de 2023.

¿Esto se debe a una falta de voluntad política o a la cooptación de los poderes del Estado y el sistema de justicia, como usted ha mencionado antes?

Nosotros siempre hemos intentado que nuestros informes sean constructivos. Sabemos que algunas de las reformas que planteamos en 2023 requerían mayorías políticas, y eso no es fácil de conseguir en ninguna democracia liberal, tampoco en Guatemala. La reforma electoral requiere una mayoría calificada de dos tercios en el Congreso y luego una validación por parte de la Corte de Constitucionalidad. Eso es complejo en un contexto de polarización política y fragmentación del sistema de partidos.

Dicho esto, han pasado ya 18 meses. Hicimos esta misión de seguimiento porque el umbral de tiempo para implementar las recomendaciones se cumple un año antes del próximo proceso electoral. Es decir, ahora estamos justo en el ecuador de esos tres años. Y lo cierto es que no ha habido impulso político suficiente.

En Guatemala hay un mecanismo notable: después de cada proceso electoral se instala una comisión, la CAME, que analiza lo sucedido e impulsa un dictamen que debe ser considerado por la Comisión Electoral del Congreso para iniciar las reformas necesarias. Esto ocurrió, pero con poco recorrido. Y, afortunadamente, algunas de las propuestas que surgieron de esa comisión iban en contra de nuestras recomendaciones.

Cuando nos reunimos con actores políticos y líderes de bancada, les dijimos que muchas de las recomendaciones no tenían mayor contenido ideológico. Eran técnicas, y podían haber generado un amplio consenso, incluso en un Congreso fragmentado. Eso habría enviado un mensaje positivo a la ciudadanía: que, pese a las diferencias, hay temas en los que se pueden alcanzar acuerdos. Varias de nuestras recomendaciones coincidían con las de la OEA y con informes de misiones de observación locales, como la de la MUEGT.

Pero ese consenso no ocurrió. Como señalé en la rueda de prensa, aún hay esperanza de que se logre. Sin embargo, la responsabilidad es compartida. No ha existido el interés político ni el consenso necesario. Y, probablemente, estas reformas no están entre las prioridades de ninguno de los actores del Congreso.

¿Cómo se explica usted, como observador, que tras lo vivido en la transición de 2023 no se haya actuado con más urgencia para seguir esas recomendaciones?

Lo ocurrido en 2023 fue mucho más grave que una simple dificultad para que el señor Arévalo tomara posesión. Esto no se trata solo de Arévalo: lo que estuvo en juego fue la posibilidad de que actores antidemocráticos —que cooptan y controlan órganos del Estado, especialmente del poder judicial— alteraran la voluntad popular. Eso fue lo que realmente ocurrió.

Desde el inicio hubo una narrativa de fraude: primero en la primera vuelta, cuestionando la legalidad de una candidatura; luego en la segunda, poniendo en duda el resultado y lanzando acusaciones directas de fraude electoral. Y eso fue mentira.

El verdadero fraude fue el intento de vulnerar la voluntad de los ciudadanos de Guatemala. Algunos actores, al ver que sus candidatos no pasaban a segunda vuelta, recurrieron a maniobras ilegales: suspensión de candidaturas, violaciones al derecho a ser electo, y una campaña para desacreditar el proceso. Lo que se buscaba era garantizar que la segunda vuelta fuera entre candidatos afines al llamado pacto de corruptos, aquellos que consideran que su supervivencia depende del control absoluto de todos los resortes del poder: Congreso, Ejecutivo y Judicial.

Creían que ya tenían bajo control el Congreso y el sistema judicial, y les faltaba el Ejecutivo. Por eso intentaron desde la primera vuelta alterar las reglas, impidiendo la participación de candidatos no alineados, y luego cuestionando los resultados.

¿Cree que esa narrativa del fraude se mantiene aún hoy porque es la única forma de justificar su permanencia en el poder?

Exactamente. Es su única salida. Hoy siguen repitiendo esa narrativa porque es lo único que les queda. Si no lo hicieran, tendrían que abandonar sus cargos, porque lo que han hecho es violar la legalidad.

Fíjese en lo que dijo el señor Curruchiche en un tuit reciente, donde afirmaba que defendió la legalidad. Él, junto a la señora Consuelo Porras, está señalado en listas internacionales como actor antidemocrático, no solo por Estados Unidos, sino también por la Unión Europea, Reino Unido, y probablemente pronto por Canadá. Quienes aseguran haber defendido la legalidad, lo que han hecho en realidad es atacarla sin piedad desde la primera vuelta.

¿Qué opina de que todavía se ponga en duda el resultado electoral?

Es absurdo. Pero siguen con esa narrativa porque no tienen otra opción. La única forma de justificar que continúan en sus magistraturas es seguir diciendo que tienen razón, cuando es evidente que no la tienen.

En la rueda de prensa insistí en algo fundamental: el resultado de las elecciones es incuestionable. Las investigaciones actuales del Ministerio Público pueden abarcar otros temas, pero no pueden poner en duda el resultado. Incluso si se investiga la compra del TREP, eso no invalida la elección. El TREP es una transmisión provisional. Lo que vale es el recuento oficial de las actas, y ahí no hubo prácticamente ninguna incidencia.

De hecho, es una de las elecciones con menos reclamos en el recuento por parte de fiscales de partidos que yo haya visto. La voluntad de los ciudadanos fue clara. El único fraude fue el intento de construir una narrativa falsa para justificar acciones ilegales, como la suspensión de candidaturas, el robo de urnas, la ruptura de la cadena de custodia, y escenas propias de una operación parapolicial. Es algo que ninguna democracia debería tolerar.

Y si no se resuelven estos problemas, ¿qué podemos esperar para las elecciones de 2027?

Sinceramente, y aquí hablo a título personal, porque hasta ahora me he referido a hechos verificables, creo que esto no va a cambiar antes de 2026. La mejor forma de evitar llegar a 2027 en peores condiciones que en 2023 es que en 2026 se produzcan cambios.

¿Qué debe garantizarse en los nombramientos institucionales?

Que se hagan adecuadamente los nombramientos a la Corte de Constitucionalidad, al Ministerio Público, a la Contraloría de Cuentas y al Tribunal Supremo Electoral. Y cuando digo adecuadamente, es siguiendo los principios de idoneidad. Es decir, no que reflejen la pluralidad ideológica del país, sino que sean personas que sepan que su objetivo es cumplir con la ley. No utilizar la ley en beneficio de intereses de algunos. No, no. No utilizar la ley, sino aplicarla de forma igual para todos, sin discriminación, sin una voluntad espuria, y comprometiéndose los miembros de la Corte de Constitucionalidad a aplicar los derechos que garantiza la Constitución, a respetarlos y ampararlos. No a violarlos.

A los del Ministerio Público les corresponde ejercer ese altísimo papel que tienen en la persecución de los delitos, no provocarlos. Y el Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo como un árbitro, no arbitrario. Es decir, un árbitro que arbitra adecuadamente en función de la ley, que no es arbitrario. Y lo decía también al hablar de la prensa: aquellos que tienen que proteger el delito, que no lo provoquen. Aquellos que tienen que defender los derechos y libertades, que no los violen. Y aquellos que tienen que defender la democracia, que no la ataquen. Así de sencillo.

¿Qué está en juego en las elecciones de 2026?

Eso se va a decidir en las elecciones del 26, en los nombramientos. ¿Por qué? Porque solo han conseguido esos objetivos —o han intentado conseguirlos— a través del control de esos órganos de decisión. Si pierden esos órganos de decisión, pierden una parte muy importante de su juego político. Y eso, repito, se juega en el 26. Dependerá de que todos los actores involucrados en esos nombramientos intenten proponer en las postulaciones a aquellas personas que pueden cumplir honorablemente esos cargos y que los pongan al servicio de todos los guatemaltecos.

Si eso se consigue, en el 27 podremos enfrentar unas elecciones con el debate político normal que se tiene en cualquier otro país, por los fallos que se producen en todos los países, pero con la garantía de que los órganos instructores y de decisión —Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público— no van en contra de los intereses de todos defendiendo los de algunos.

Si eso pasa, en 2027 seguramente, si se hace una observación electoral, se detectarán muy pocos problemas. Porque el proceso electoral en Guatemala, tengo que decir, el día de las elecciones es impecable. El día de las elecciones. No así el proceso.

¿Cree usted que al día de hoy eso sigue vigente?

Sí, porque está en manos de los ciudadanos. Es decir, el día de las elecciones, el proceso está en manos de los ciudadanos de Guatemala, en las urnas. ¿Y sabe lo que pasa cuando está en manos de los ciudadanos de Guatemala? Que lo cumplen con honor. Y por eso los resultados son ciertos. Porque la cadena de custodia de todo el proceso —desde que se abren los colegios hasta que se cierran y se transmiten los resultados— cae en manos de los ciudadanos de Guatemala. De esos ciudadanos, especialmente jóvenes, especialmente mujeres, que dedicaron sus días, su tiempo —y no solo el día de las elecciones, sino los días antes— a prepararse.

Y esos jóvenes comprometidos con su país, además de sacrificar su tiempo y muchas veces poner en riesgo su integridad bajo amenazas, fueron atacados salvajemente por el Ministerio Público. Persiguiéndolos, acusándolos infundadamente de haber cometido un delito electoral.

¿Y qué piensa de que al día de hoy sigan esas amenazas y señalamientos contra diferentes actores que participaron en este proceso defendiendo la democracia?

Pues que los actores antidemocráticos saben que cada vez son menos, están cada vez más desesperados y son cada vez más peligrosos. Y lo que van a hacer es redoblar su estrategia del miedo. Es decir, estos actores antidemocráticos —con los nombres y apellidos que ya conocemos y con muchos que no conocemos pero intuimos— han intentado, desde el miedo, paralizar a la sociedad guatemalteca.

Su estrategia del miedo busca que nadie se atreva a decir públicamente nada. Que muchos no se postulen. Que muchos decidan abandonar la vida pública para no verse sometidos al escarnio de detenciones arbitrarias, acusaciones arbitrarias, para no poner en riesgo su vida. Es decir, vivir una muerte civil, una muerte laboral, una muerte profesional.

Entonces, como en parte les ha funcionado —aunque no les ha salido bien la jugada, porque en 2023 la movilización de la sociedad guatemalteca y el apoyo de la comunidad internacional impidieron el golpe— lo que van a hacer es seguirlo. Porque creen que la intimidación les va a permitir, en 2026, volver a controlar las postulaciones y los miembros, para poder dar continuidad a esa estrategia de control del aparato judicial como instrumento de coacción sobre el conjunto de la sociedad guatemalteca.

¿Entonces van a seguir haciendo lo mismo de cara a 2026?

Lo mismo, y peor. Y por eso hemos visto en las últimas semanas, o los últimos meses, cómo esa estrategia del terror, de la acusación sin fundamento, del miedo, se ha redoblado. Y probablemente de aquí al año que viene vamos a ver cómo esa estrategia se va a recrudecer, con el objetivo de atemorizar, coaccionar e infundir miedo en la sociedad guatemalteca. Pero yo creo que se equivocan, porque la sociedad guatemalteca hace mucho tiempo que es consciente de su fuerza, de su compromiso, y que sabe que queda cada vez menos tiempo. Y que solo es una cuestión de tener prudencia, templanza y paciencia para conseguir el objetivo. … Fuimos invitados po  el Sr. Giammattei  y su gobierno y el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué les parece? ¿Cómo estaba la situación allí?

Aunque nos invitaban, nosotros estábamos al servicio de todos los ciudadanos de Guatemala y de su democracia. Lo que hicimos fue tomar nota de lo que pasó, ser como notarios y decir lo que pasó. Eso a algunos no les gustó y por eso dicen: “Váyanse, no los queremos, ¿qué hacen aquí? Basta de injerencias.” Mire, no hay peor injerencia que la de aquellos que creen que están con el derecho de decidir el futuro de Guatemala por encima de la mayoría de los ciudadanos de Guatemala. Esa es la peor injerencia.

Muchos esperaban que el cambio de administración Trump iba a cambiar la situación, pero no la ha cambiado. Y algunos esperan que, bajo la intimidación y el acoso, la comunidad internacional tenga más miedo.

¿Sabe cómo reacciona la comunidad internacional? Con nuevas sanciones por parte del Reino Unido, con próximas sanciones que se van a establecer y que a lo mejor incluyen el reconocimiento de sanciones contra algunos actores antidemocráticos. Yo les quiero seguir diciendo que, en los temas de Guatemala, aquellos que nos decían “No nos dejen solos”, porque sabían la importancia de que hubiese notarios que dieran cuenta de lo que estaba pasando, no los vamos a dejar solos. Y por mucho que a algunos les moleste la presencia internacional, esa presencia es permanente porque está en las delegaciones y las embajadas de todo el mundo. Es permanente porque a los demócratas nos preocupa lo que pasa en Guatemala. Y nos preocupa.

¿Este tipo de sanciones que usted menciona se van a endurecer?

Sí, son aplicables y no se van a reducir, se lo aseguro. Se van a continuar.

¿Cuál es el proceso a seguir en ese caso?

Lo verán en breve.

¿Ustedes lo aplaudirán?

Creo que en breve algunos lo van a sufrir.

¿En cuánto tiempo se sabrá?

En breve, en días, en pocos días.

Usted también habla de la invitación que hizo el gobierno de Alejandro Giammattei a la misión de la Unión Europea para participar en el proceso electoral 2023, y que hablaron en la conferencia de prensa sobre la necesidad de observar lo que va a suceder en el país en 2026, que usted ha definido como un parteaguas para la democracia en Guatemala. ¿Esta es ya una confirmación de que habrá observación en 2026?

No, no es una afirmación. Nosotros como misión de observación electoral, en su conjunto, finalizaremos nuestro trabajo cuando entreguemos el último informe en dos semanas aproximadamente. Ahí se acaba todo el proceso de la misión de observación electoral para 2026.

Lo que hice fue un pedido, como jefe de la misión de observación, sobre esta reflexión: si estamos obligados por nuestro acuerdo con la República de Guatemala a monitorizar el proceso electoral, y hemos determinado en nuestro análisis del 2023 y corroborado en el de 2025 que hay un problema nuclear en el proceso electoral, que es que los árbitros del proceso son arbitrarios, y que esa arbitrariedad tiene una explicación, que es el control y la cooptación por una minoría muy poderosa en Guatemala de esos instrumentos para cumplir sus objetivos…

¿Sería bueno que hubiera monitoreo y seguimiento en ese proceso?

Sí, sería bueno. No puede ser una misión de observación como tal, pero hay instrumentos que pueden utilizarse para cumplir ese objetivo. Lo que he hecho es transmitirlo en el informe para que las autoridades de la Unión Europea decidan. Mi opinión es que sí debe hacerse. El informe lo deja claro, la realidad que describe también. Si estamos pensando en 2027, sería muy bueno contribuir a velar por explicar qué pasa en 2026.

Nosotros no tenemos la capacidad de incidencia, pero sí la capacidad de tomar nota y ser notarios de la situación. Por lo tanto, me gustaría que hiciéramos ese proceso de acompañamiento, análisis y monitoreo de los procesos del 2026, y ojalá tomen en consideración mi opinión y la nuestra, porque creo que es la misma que tiene la delegación de la Unión Europea en Guatemala y el conjunto de técnicos que hemos analizado el proceso.

¿Para que eso se pueda dar tiene que haber invitación del presidente de la República o es solo decisión de la Unión Europea?

Creo que el mecanismo no es el mismo que en las misiones de observación. Pero estoy convencido de que si hubiera una voluntad esgrimida por el poder ejecutivo, de igual manera que es necesaria, es decir, la Misión de la Unión Europea no puede ir sin que el gobierno de Guatemala la invite y firme unos protocolos con ella. Eso lo hizo el señor Giammattei.

Creo que si el gobierno del señor Arévalo manifiesta a la Unión Europea que le gustaría que hubiera un proceso de seguimiento y monitoreo, desde la no injerencia, el respeto, y esos principios que avalan el trabajo de las misiones de observación europeas en las últimas décadas, y que por eso nos llaman a los países, aunque a veces seamos críticos, todo el mundo sabe que no provocamos lo que pasa allí. Depende de lo que decimos nosotros, pero sí tomamos nota y lo explicamos.

Ojalá se produzca esa invitación, que sumaría más elementos para poder buscar el instrumento adecuado y cumplir el objetivo.

Para ir concluyendo, señor Cañas, al día de hoy, ¿cuál cree usted que es el nivel de cooptación que tiene el país después de todo lo que se vivió en 2023?

Muy alto, muy alto. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral inoperativo, un Ministerio Público cuestionado, decisiones controvertidas en la Corte de Constitucionalidad, que hace un ejercicio de equilibrios permanentemente.

Por un lado, la Corte Constitucional fue garante del resultado electoral del 2023, eso hay que subrayarlo, pero la situación es muy compleja. La situación alrededor del Ministerio Público es complicada.

¿Cree usted que esta situación es reversible?

Sí, es mala pero reversible. Quedémonos en la reversibilidad. Puede ser que quede un año para que las cosas vuelvan a la normalidad.

Los ciudadanos pueden exigir esfuerzos cuando hay un objetivo. Eso pasa en crisis económicas, emergencias climáticas, terremotos, pandemia. Los ciudadanos necesitan saber un horizonte temporal para aguantar el sacrificio. Yo creo que ese horizonte es 2026.

Guatemala ha demostrado que sacrificándose puede conseguir los objetivos. El objetivo no es ganarle a nadie, no es mover el péndulo al otro lado, no es revancha ni venganza. Es devolver las instituciones al marco de la ley, buscar un punto de equilibrio en que todos sean juzgados con las mismas normas. Que los árbitros no sean arbitrarios y que se devuelvan las instituciones a la ciudadanía, para la defensa de sus derechos y libertades, no para amenazarlos.

Ese horizonte está en 2026. Por lo tanto, aunque la situación sea muy complicada ahora y la noche muy oscura, como en Batman y en mucha literatura, cuando la noche es más oscura, está a punto de amanecer. Ese amanecer será dentro de un año, en las elecciones. Ojalá sea antes.

¿Qué opinión tiene sobre la acción del Ejecutivo durante este proceso de transición? ¿Cree que ha hecho falta más acción?

No voy a valorar las iniciativas del Ejecutivo. En función del cumplimiento de recomendaciones, el Ejecutivo no tiene mucho papel salvo en reforzar el estado de derecho.

No voy a entrar a valorar esas iniciativas, pero creo que el Ejecutivo tomó una decisión que puede no gustar a muchos, pero que es el cumplimiento estricto del estado de derecho y sus atribuciones.

¿Había posibilidad de destituir a Consuelo Porras?

Sí, difícil. Pero podía haber significado el uso espurio de esa decisión para poner en cuestión la presidencia, que creo que algunos esperaban.

¿Alguna iniciativa del Ejecutivo viola la división de poderes?

No, creo que el Ejecutivo no debe ir más allá de sus atribuciones constitucionales.

¿Este gobierno tiene un impulso político fuerte a través de su bancada en el Congreso?

Posiblemente sí, pero eso es política. Nosotros no estamos aquí para decir al gobierno qué hacer, sino para indicar lo que no debe hacer.

¿Cree que el gobierno de Arévalo decidirá quién será el próximo fiscal general?

Esa es una atribución que tiene él. La decisión será de Arévalo.

Nosotros queremos decirles que presenten candidatos para que la decisión discrecional de Arévalo garantice que el fiscal sea una persona que cumpla con su deber general, con independencia de su sesgo ideológico —que todos lo tienen— y político —que todo el mundo tiene, como de sus creencias, como el de su verdad, de su fe—, pues que uno puede ser muchas cosas: puede ser más progresista, más conservador, más evangélico, más católico, más me da igual, pero que cuando es general no persigue a unos para hacer el juego a otros, sino que intenta defender la legalidad.

Entonces, ahí el presidente deberá decidir en función de unos nombres. Nosotros lo que queremos es que esos nombres sean de personas honradas, honorables, que respondan a un criterio de imparcialidad en el ejercicio de su función. Pero ya está, el presidente no va a poder decir nada más; puede influir, claro, como cualquiera influye, pero esa será su decisión. Yo lo haría si fuera él, yo sí influiría constructivamente y democráticamente, claro. Pero el ejercicio normal es lógico, pero respetando la ley.

Entonces, yo creo que la decisión de este ejecutivo ha sido demostrar que puede haber un gobierno que intente cumplir con la ley sin forzarla, sin forzarla siquiera, aunque eso signifique que haya personas que no le gusten. Pero repito, esa es mi opinión.

Nosotros en las recomendaciones, salvo la del refuerzo del estado de derecho, el Ejecutivo no tiene ninguna capacidad de implementar ninguna de las recomendaciones. Por lo tanto, no es que queramos cuestionar al señor Arévalo; es que nada de lo que ellos puedan hacer determina la implementación de 25 de las 26 recomendaciones, y la otra es más conceptual que no una acción concreta.

Le pido que nos deje encendida la luz para lo que viene en los próximos meses. ¿Cuáles son los tres puntos principales que debemos observar y a qué se debe poner atención en los siguientes meses, de cara al 2026, con estas decisiones para el cambio en las instituciones y para aspirar a un mejor proceso electoral en el 2027? 

Pues lo que le voy a decir está en tres palabras que ya les he repetido en esta entrevista en varias ocasiones, que son: prudencia, templanza y confianza. Le añadiría inteligencia, pacto y acuerdo.

¿Para qué?

Para conseguir que los nombramientos del 26 garanticen el ejercicio libre de la democracia en el 27, y que sea posible.

Muchas gracias, señor Cañas, por conversar con nosotros en este espacio.

Pues es un placer, la verdad, y esperando cuando quieras que me vuelvas a hacer la entrevista, ojalá con mejores noticias.

Pero yo te lo digo, o se lo digo con mayor respeto: está empezando a verse la luz del amanecer a lo lejos, y eso a algunos no les gusta. A los seres de la noche, generalmente, ver la luz del día no les gusta.