¿Qué necesita Guatemala para reducir los homicidios y evitar que el crimen organizado siga amenazando a sus instituciones? No basta con más operativos policiales. El desafío es coordinar al Estado, fortalecer la investigación criminal y sostener una política de seguridad durante una década, con resultados que puedan medirse y exigirse.

Esa es la dimensión del compromiso planteado en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE) 2026, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). La propuesta busca reducir a la mitad la tasa de homicidios para 2036, una meta que obliga a mirar más allá de las acciones inmediatas y preguntarse cómo mantener el rumbo en el tiempo.

Seguridad y democracia: el desafío institucional

Las exposiciones del ENADE abordaron los desafíos de la seguridad pública y su relación con el desarrollo del país. El expresidente de Colombia Iván Duque, cuya conferencia se tituló «Sin seguridad no hay democracia», advirtió sobre el riesgo de que el narcotráfico financie campañas políticas y se infiltre en las instituciones públicas.

El presidente Bernardo Arévalo respaldó la meta de reducción de homicidios y afirmó que es posible alcanzarla. Recordó que la tasa pasó de 46.5 por cada 100 mil habitantes en 2009 a 16.8, aunque el país todavía enfrenta dificultades para reducirla de forma sostenida.

Fundesa plantea llevar el indicador a ocho homicidios por cada 100 mil habitantes para 2036. Para avanzar hacia ese objetivo, la propuesta contempla fortalecer a la Policía Nacional Civil, mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia y recuperar el control de las cárceles.

¿Cómo lograr que un convenio se traduzca en resultados?

Durante el encuentro, autoridades del sector de seguridad y justicia y representantes de otros sectores suscribieron un convenio de cooperación para articular esfuerzos y avanzar hacia la meta. El acuerdo busca establecer compromisos compartidos frente a un problema que no puede resolver una sola institución.

Si bien la firma constituye un primer paso, su cumplimiento requerirá seguimiento, fiscalización y mecanismos para evaluar los avances y verificar que las instituciones firmantes asuman sus responsabilidades.

¿Cómo garantizar que los compromisos se mantengan en el tiempo y produzcan resultados medibles? La coordinación institucional necesita objetivos verificables, seguimiento periódico y responsabilidades claras para convertir los acuerdos en acciones sostenidas.

Las elecciones generales de 2027 serán una oportunidad para conocer cómo los partidos políticos incorporan la seguridad a sus propuestas y qué medidas plantean para evaluar sus resultados. La discusión no debería limitarse a las metas, sino incluir los mecanismos para comprobar los avances y corregir las acciones que no funcionen.

Reducir los homicidios a la mitad para 2036 requerirá demostrar qué medidas producen resultados y dónde persisten las dificultades. La evolución de la violencia será el indicador central para evaluar si los compromisos asumidos se traducen en cambios concretos para la población.

¿Podrá Guatemala mantener ese compromiso hasta 2036, incluso cuando cambien sus autoridades? La pregunta queda sobre la mesa para una próxima conversación DIRECTA.